La militarización de Lanús no nos va a dar seguridad
El asesinato de una mujer de 64 cuando intentaban robarle el auto coloca al rojo vivo la tensión en el distrito de Lanús acerca de la cuestión de la inseguridad.
Como adelantáramos en un comunicado público distribuido entre los vecinos que se movilizaron al municipio el viernes pasado, estamos ante un absoluto fracaso de la política de reforzamiento de las fuerzas de seguridad del distrito.
Él envió de dotaciones de gendarmes y policías no ha servido en lo absoluto para atenuar los delitos de los que son víctimas los trabajadores y vecinos del distrito. El propio ministro Casal tuvo que admitir que minutos antes de producido el hecho criminal un patrullero transitaba la zona. La conclusión es demoledora; nos encontramos frente una profunda descomposición de las fuerzas de seguridad y ante lo que parece ser una interna político-policial que tiene de rehén a los vecinos de Lanús.
Que algo ocurre en la bonaerense lo delata el envió de nuevas tropas al distrito por parte del ministro Casal. Esta vez compuestas por unos 300 efectivos del grupo halcón y la policía 2.
Estos refuerzos se suman al amontonamiento de policías que colapsan las calles del distrito sin ofrecer ninguna garantía de seguridad.
Que la víctima fuera asesinada mientras se encontraba dentro del auto que era objeto del delito y sin que se consume el robo no implica necesariamente un “accionar irracional” como señala el secretario de seguridad del municipio Mariano Amore. Es que las características de este accionar son muy similares a las que hace unos diez días le costaron la vida a Juan Gonzales. En ambos casos se repite la misma modalidad, la de un mensaje mafioso.
El oficialismo se ve obligado a reconocer en parte la denuncia pública que efectuáramos con motivo de señalar que la organización delictiva en el distrito consiste en una red de intereses, relaciones y posiciones que involucran a las fuerzas policiales, la justicia y funcionarios públicos que son los responsables de enriquecerse con la administración de la delincuencia. Lo hace al plantear un proyecto de ordenanza para regular la venta de autopartes usadas. Esta medida que a las claras aparece como insuficiente sirve a clarificar el trasfondo de esta ola de delitos y asesinatos; la preservación de un negocio fabuloso amparado por el poder político, que ha ingresado en una etapa de descomposición, internas y mensajes mafiosos.
Esta crisis abierta acentúa las fisuras del bloque oficialista en el marco de la disputas entre Scioli-Casal y Mariotto-La Cámpora. La aparición de volantes pidiendo la renuncia de Casal da cuenta de esto.
El intercambio de elogios entre Darío y Casal es al menos novedoso tras las pasadas declaraciones del primero contra el gobernador de la provincia. Es que al parecer esta crisis sería una oportunidad para acelerar los trámites de una sucesión política en el oficialismo local de la mano del camporista Julián Álvarez.
La decisión de Darío y Casal de mandar más efectivos atestando de policías las calles de Lanús opera como una cortina de humo para ocultar la profunda descomposición de la policía bonaerense y las fuerzas de seguridad.
Rechazamos la creciente militarización del distrito de Lanús por medio de la conformación de un comité de crisis y el envío masivo de efectivos.
Para terminar con la inseguridad planteamos la destitución de las cúpulas policiales, la conformación de una fuerza de seguridad ciudadana bajo control de organismos sociales y de DDHH, y el control ciudadano de los libros de guardia y partes diarios de las comisarías.
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