La proliferación de nóminas que el lenguaje oficial hace uso para presentar los logros del ciclo gubernamental en esta última década son harto conocidas (“nacional y popular”, “transversalismo”, “distribución del ingreso y/o riqueza”, “derechos humanos”, “capitalismo serio”, “sintonía fina”, etc.).
Sus referencias a etapas apocalípticas de escenarios pasados, y descripciones de presentificaciones progresistas conforman una opinión que apunta a escenificar la nutrición y potencialidad del modelo. Desde varias ruedas auxiliares se trama esta internalización del concepto oficial en la arena de la subjetividad pública: medios de comunicación, organización de intelectuales, institutos científicos, etc. Algunos de estos son creados, mientras que otros son meramente controlados. De todos modos, lo importante es garantizar el espectro propagandístico que sustente la continuidad de gobierno-bonanza.
Ahora bien, cuando analizamos distintas leyes votadas por el Legislativo (donde la alianza gobernante tiene la primera minoría), encontramos ciertos aromas que se contradicen con la realidad que la discursividad oficial pretende hacer entender como real. El decreto de Emergencia Económica, el cual es arrastrado por más de 10 años desde los momentos de default, no se condice con los datos de crecimiento y distribución que se intenta argumentar desde las altas esferas gubernamentales. ¿Cuál es la necesidad que la realidad imprime al Estado para que el gobierno se permita tal atribución que esta ley ofrece? ¿Continuamos entonces dentro de una atmósfera de 1998-2001 más allá del crecimiento económico a tasas chinas durante 5 años? ¿Un replay encubierto? La ley antiterrorista, que tibiamente fue re-negada por Carta Abierta en su carta 11, se despliega dentro de este clima de economía de emergencia. Empuja a pensar cierta conexión lógica debido a que su promulgación ha sido coetánea a los distintos planes de ajuste en distintas provincias, donde el caso de Santa Cruz fue ejemplo de la contrapartida popular, y con ello de la puesta en paños fríos sobre la implementación de tales medidas en distintas gobernaciones. ¿Era de esperarse la reacción popular, y por eso la aplicación de temor desde la insustancialidad que el término “terrorista” mantiene en esa ley desde la definición que en ella se emplea? ¿Una metempsicosis de la crisis altamente repugnada por todos que se revive bajo una nueva transmutación? Una sintonía fina que, en el mejor de los casos, tendrá que soportar varios repudios si no quiere renovarse en un repliegue más acomodaticio a la situación social vigente. Puede ser una vía el respaldo dado por ciertos sindicatos afines al gobierno para aplicar tal sintonía, como el caso de la UTA que, ante determinada quita de subsidios al transporte, justifica la liberación de la tarifa del boleto del colectivo a $3,5. Una quita de subsidios que inmediatamente pasa a repercutir en el bolsillo del usuario. En todo caso, vemos que la sintonía está buscando asentar la necesariedad del ajuste. Palabra incómoda, por cierto. Pero no menos esclarecedora. En todo caso, mostrarnos la nueva enciclopedia, el nuevo ciclo educativo como para poder comunicarnos en los mismos términos y confluir a conversaciones más comprometidas y entendibles. La enajenación, es decir, el vivenciar una realidad ajena, nos es ingrato y perjudicable a todos por igual.
Sin pretender desenrollar carmañola alguna, sino más bien intentar encontrar puntos referenciales que permitan no transitar un carrusel constante de incomprensión, es incuestionable la preponderancia que la crisis internacional mantiene en el desarrollo de estos hechos. Repulsar la idea de que la crisis no llega a estas costas es sobrepasar indiferentemente la dependencia de la economía argentina del mercado internacional; es decir, un falso dispositivo político. Mantenerse renuente a este posicionamiento permitirá debilitar la acción durante el día y confinar la reacción a la mera contemplación nocturna junto al búho mal herido.
Lucas R. López
lucasrl@hotmail.com.ar
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