Por Silvano Zapiràn
La nueva ley antiterrorista promovida por el gobierno y finalmente votada en el Congreso -con el pedido a la presidenta por parte de los sectores populares para vetar semejante atrocidad incriminatoria- implica la intención de legalidad para frenar cualquier desperfecto de nave para afrontar el 2012. La crisis internacional no para de asomar cabeza en la región y ya comienza a hacer sentir sus suspiros con la baja de los precios de las materias primas. El descontento y la movilización frente a los ajustes que esta crisis obligará al gobierno a llevar a cabo (caso Santa Cruz), impone al kirchnerismo el tomar la facultad de crear ciertos anticuerpos en jurisprudencia que permitan apalear semejantes embestidas “desde abajo”. Una muestra de que el carisma del 54% implicaba la negación del temario que el gobierno realmente se proponía llevar a cabo luego del 23 de octubre. Esto, en términos políticos no es más que carestía de poder y sustentabilidad social. Muchos se preguntan si realmente el FPV hubiera sacado semejante porcentaje de votos si hubiese declarado, entre otras cosas, la liberación de tarifas próximas a llevarse a cabo, el impuestazo provincial y municipal (en Lanùs, la Tasa de Seguridad e Higiene pasó de $89 a $140), la ley antiterrorista (que puede judicializar a cualquiera que se moviliza en reclamo de determinadas causas, ya sean ambientales como políticas o laborales). El remanente parece que poco expresaría. Sin embargo, primero había que garantizar el lugar de poder para no permitir la remoción lógica que tales actos preanunciados podrían haber efectuado.
El dictamen de la ley antiterrorista blanquea la situación política del momento. Su espíritu permite despojar el verglàs discursivo oficial: el temor a la movilización y reclamo frente a una problemática social que pareciera ser innegable. La estanflación, determinado nivel de inflación con cierta desaceleración económica, es la cortina que parece querer amoldarse desde el gobierno. Contra la protesta, la ley antiterrorista. La movilización que procura defender las conquistas sociales adquiridas y garantizar determinados niveles de democracia, es amenazada con esta joven ley. La objetivación de la lengua popular mediante sus reclamos y denuncias deberá afrontar una lucha tenaz contra esta legislación hoy ya vigente. El discurso popular en democracia de base, como parte desplegada y constituyente de esta, se presentará como razón seminal de la acción que relegue tal embate criminalizador.
Posiblemente habría que remedar la noción ética de “ayuda mutua” del anarquista Kropotkin para lograr entender la necesidad de veto a esta ley por parte de la presidenta.
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