Exiliados e imputables
10/05/10
Por Silvana Melo
(APe).- Sentado en el cordón de cualquier vereda del conurbano, se abraza las rodillas y asoma apenas los ojos desde la capucha del buzo azul oscuro. Mira al mundo con la misma desconfianza con que el mundo -desde el colectivo o desde el supermercado- lo mira a él. Lo han convertido en un animalito a la defensiva. Preparado para atacar después del zarpazo al que lo tienen acostumbrado sus catorce años de respirar esos aires negros.
Sabe que es blanco fácil para el calabozo por origen, no más. Ni idea tiene de que si la Cámara de Diputados firma alegremente lo que el Senado aprobó en noviembre del año pasado, el calabozo será legalizado y sin hendijas para el pataleo.
Tampoco sabe -porque nadie habla con él, porque no lo tienen en cuenta, porque los legisladores no saben cómo nació, cómo sobrevive, cómo es su no familia ni lo que se mete en los pulmones cuando siente que no se anima a nada- que se lo demoniza en la tele, que se lo condena en las fortalezas detrás de las rejas que los ciudadanos se construyen para defenderse de él. No sabe que están esperando desde hace meses un crimen resonante para colar la ley en Diputados, en medio de la verborragia histérica de estos tiempos, y ganar el aplauso porque se está haciendo la patria firme y justa del bicentenario. A costa de aquellos a los que se abandonó y se condenó desde el vientre, a costa de todos aquellos a quienes se suprime sistemáticamente porque la patria del bicentenario será para pocos y elegidos.
La abstracta opinión pública, sin rostro pero con fuerte palabra, la cadena mediática de reproducción de sangre y la burda política que responde a los estímulos ocasionales pero también a su convicción filosófica, esperan. Hay tanto niño criminal que la compulsión que apretó al Senado fue la balacera contra el ex futbolista Fernando Cáceres. Cinco meses después, sin embargo, Diputados todavía espera la próxima noticia estridente de pólvora que se le endilgue a un pibe para poner el grito en el cielo y levantar las manos con pretensiones de unanimidad. Y que finalmente se baje la edad de imputabilidad a 14 años y el alarido social aplaque los decibeles y la televisión se regocije y ya nadie deba tener miedo de que la pequeña negritud baje de las villas en bandadas a quedarse con los bienes y los males de los elegidos para este lado del mundo. En 2010, la Argentina de las contradicciones bicentenarias pondrá en marcha el límite para el trabajo infantil en los 16 años. Pero se los podrá juzgar y encerrar a los 14. El mismo Estado que invisibiliza a seis millones y medio de chicos menores de 18 años sumidos en la pobreza -la mitad de ellos indigentes-, el mismo que dejó sin atención médica mínima al 47% de ellos, el mismo que permite con su ausencia la muerte de 25 diariamente por causas emparentadas con el hambre, el mismo que les quebró la familia, el que los hacina de a ocho en cuartos miserables, ese mismo se rasga las vestiduras ante el pibe que roba, que ataca, que transgrede como forma de supervivencia. Con las drogas en una invasión sin freno en los sectores más populares, como un puñal disciplinador que deshinibe para la muerte o mata por propia eficiencia. Todo huele a una oscura política de dilusión y barrido de residuos.
Durante el siglo de existencia de la Ley de Patronato se encerraba a los pibes en terribles ensayos de cárceles: el 90 por ciento estaban presos por pobres. Ese 90 por ciento quedó, en la provincia de Buenos Aires, a la buena de dios -es decir, de las organizaciones sociales a las que el Estado les paga las becas cuando el dinero logra esquivar las prioridades represivas o la férrea estructura de corrupción que todo lo resiste- y sólo se discute qué hacer con el pibe de 14 que comete un delito grave. No hay espacio ni políticas ni ojos ni reparo ni sopa caliente para el resto. Hasta que el horror los convierta en primera plana. Y siga dando vueltas con dramática eficiencia el engranaje que decide quiénes recibirán al futuro con palmas en una vereda soleada y quiénes, como él, que se abraza las rodillas en el cordón de una vereda del conurbano, lo verán pasar desde los ventanucos invisibles de un exilio de paco y estigma.
Fuentes de datos:
Diario Página 12, Infobae, UNICEF, Save de Children
y Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh
Petróleo público: de eso no se habla
11/05/10
Por Oscar Taffetani
(APe).- El 80% de los albatros de ceja negra que quedan en el mundo están en Malvinas. En tiempos hispánicos los llamaban “ojerosos”. El petrel Zambullidor también es fauna típica de las islas. Le dicen así porque es capaz de cortar las olas o de pasar por debajo de un buque y seguir volando. Pingüinos, los hay de todas clases. Hasta puede verse en Malvinas el pingüino real, una variedad casi extinguida. Darwin anotó en su diario que había visto un lobo-zorro por allí (circa 1834); dos décadas después, ya no quedaban lobos-zorros. Leones marinos, tigres marinos, elefantes marinos y lobos marinos de dos pelos sobreviven muy a duras penas. Hoy no los matan a palos, pero les hacen la vida bastante difícil. Ballenas francas (australes) sí hay unas cuantas. Pero la jorobada, la nudosa de aleta larga, la enana, la boba, la boreal, la rorcual de Rudolphi, son rarezas de catálogo. Malvinas es todavía un santuario de la vida natural, alterado de vez en cuando por alguna guerra. O bien por la insaciable codicia de los seres humanos.
En el lecho del Atlántico sur, alternándose con nódulos y meteoritos caídos en millones de años, hay una herrumbre y una chatarra más reciente, producto de los últimos siglos de vida en el planeta. Y debajo de los barcos hundidos y las osamentas, a dos mil o tres mil metros de profundidad, están los restos de las criaturas del Jurásico, ya convertidos en petróleo.
La semana pasada, la empresa Rockhopper –segunda de las cuatro que tienen permiso británico para explorar este año- anunció que encontró un yacimiento que podría entregar 200 millones de barriles de crudo de buena calidad, lo que a precio internacional representaría unos 25 mil millones de dólares. Rockhopper ha ofrecido pagar a los 3.000 habitantes de las islas el 26% de sus utilidades, más un 9% del precio de cada barril vendido.
Rápidamente, la Cancillería argentina denunció la maniobra y redactó una nota en la que “rechaza de la manera más enérgica el intento de apoderarse ilegalmente de recursos naturales no renovables propiedad del pueblo argentino".
Paradojas de un siglo
El 16 de febrero de 1916, el pueblo de Comodoro Rivadavia envió al diputado nacional Tomás de Veyga una nota de apoyo al primer proyecto de reglamentación de la explotación petrolífera en suelo argentino, que permitiría al Estado Nacional disponer para su desarrollo de una prometedora masa de recursos provenientes de las riquezas del subsuelo.
“Tres ideas fundamentales encierra mi proyecto –escribió Leyva-: la explotación directa, por el Estado, de todo el petróleo existente en la zona de reserva fiscal.; el aporte de todo el capital necesario con dinero levantado entro de las fronteras; y el reparto de todas las utilidades entre los habitantes del suelo argentino”.
Aquella ley, que terminó de tomar forma gracias al impulso de Enrique Mosconi, echó a andar Y.P.F., la mayor empresa estatal de hidrocarburos del continente americano, al comenzar el siglo XX. En su peor momento (luego del vaciamiento y endeudamiento al que la sometió la dictadura de 1976-1983) la empresa nacional de hidrocarburos facturaba alrededor de cinco mil millones de dólares anuales, generando decenas de miles de puestos de trabajo y dinamizando las economías locales y regionales.
Después, llegó el crimen de lesa patria (y de lesa humanidad argentina) que fue la liquidación de Y.P.F. y la entrega a precio vil de yacimientos en plena producción y áreas petroleras con reservas comprobadas. Aquel crimen tuvo autores y cómplices, beneficiarios directos e indirectos, tanto en el partido de gobierno como en la mayoría de los partidos de la oposición.
Si una triste paradoja hubiera que marcar, a cien años de aquella esperanzada nota de los vecinos de Comodoro Rivadavia, sería el hecho de que el Estado nacional adjudicó en 2007, por 40 años, el yacimiento Cerro Dragón, en las provincias de Chubut y Santa Cruz, al consorcio Pan American Energy, del que es accionista mayoritario… British Petroleum.
Rockhopper pactó pagar a los kelpers malvineros un 26 % de las utilidades y 9% del precio de cada barril vendido, por explotar el yacimiento localizado esta semana en el mar continental argentino, pocas millas al norte de Malvinas. Pero en territorio continental, la Pan American Energy (es decir, British Petroleum) paga al Estado argentino, por la explotación de Cerro Dragón, sólo un 12%, en concepto de regalías. Otra rara paradoja de esta época es que resulta más ventajoso, para una empresa británica, trabajar “sometida” a las leyes argentinas que hacerlo acatando las leyes de la Corona.
En el país privatizado
La empresa “de bandera”, en materia de energía e hidrocarburos argentinos, se llama Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima). Como su nombre lo indica, no se trata de una sociedad del Estado, sometida a las auditorías y controles públicos. Una parte de su paquete accionario está en manos de “representantes” de la nación y de las provincias. La otra parte, la tienen accionistas privados (se recordará el affaire de las valijas con dólares, hace algunos años, en el que estuvieron involucrados algunos de esos accionistas).
Entre los propósitos de Enarsa, leemos en su propia web, está “generar valor para los accionistas”. Ya no hablamos, ni retórica ni poéticamente, del pueblo argentino. Ahora, lo importante son los accionistas.
YPF-Repsol, emprendimiento que lleva la contradicción en su misma marca (puesto que si es fiscal, no puede ser privada) ha cedido un 10% de sus acciones al llamado Grupo Eskenazi, cercano al Gobierno, y está por ceder un 15% más, con lo que la participación “argentina” (así le dicen) llegaría a un cuarto del total.
Por su parte, el empresario del juego Cristóbal López, también cercano al Gobierno, acaba de concretar la compra de la refinería San Lorenzo, de 360 estaciones de servicio y de algunas concesiones petroleras que estaban en poder de Petrobras, por un monto de 110 millones de dólares. Ese sería otro avance “argentino” en la recuperación del patrimonio perdido.
Así las cosas, aunque estos nuevos emprendimientos privados se vistan de celeste y blanco y decidan esponsorear a equipos argentinos en algún mundial, lo cierto es que la propiedad fiscal (léase estatal) sobre las riquezas minerales del subsuelo de la patria siguen sin llegar a las manos de sus legítimos dueños.
Si un fundamento existe para la explotación de los recursos naturales de la tierra –permítasenos una última digresión- éste es ayudar a la mejor vida y desarrollo de la especie humana. En otras palabras: si los restos de un dinosaurio del Jurásico, hechos petróleo, sirven para alimentar a mil, a cien mil o a un millón de niños argentinos y latinoamericanos, el esfuerzo vale la pena. Pero si por obra de un capitalismo voraz y depredador eso no es posible, entonces preferimos que el petróleo siga durmiendo su siesta milenaria en las profundidades. Y que las gaviotas y pingüinos australes sigan fertilizando con su guano la tierra. Hasta que una vez, definitivamente, florezca.
La culpa
13/05/10
Por Claudia Rafael
(APe).- Apenas cinco o seis paquetes de yerba, unos ocho atados de cigarrillos o unos cuantos paquetes de fideos. Ese es el valor de una diminuta vida para la Justicia. Eso es lo que decidieron que se deberá pagar por cada uno de los escasos 1825 días que vivió Matías, un nene de apenas cinco años que murió el 11 de enero de 2001 aplastado por un tubo de oxígeno de 100 kilos en el Hospital de Ramos Mejía. Así votaron los camaristas Mabel De los Santos, Elisa Díaz de Vivar y Fernando Posse Saguier cuando determinaron que no correspondía pagar la indemnización de 450.000 pesos que había ordenado el tribunal de primera instancia. La madre –dijeron los camaristas- fue co-responsable de la muerte de su niño. Hay que pagar –insistieron- pero sólo 80.000 pesos. Como también podrían haber dicho 100.000, 178.000 ó apenas 50 pesos.
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10/05/10
Por Silvana Melo
(APe).- Sentado en el cordón de cualquier vereda del conurbano, se abraza las rodillas y asoma apenas los ojos desde la capucha del buzo azul oscuro. Mira al mundo con la misma desconfianza con que el mundo -desde el colectivo o desde el supermercado- lo mira a él. Lo han convertido en un animalito a la defensiva. Preparado para atacar después del zarpazo al que lo tienen acostumbrado sus catorce años de respirar esos aires negros.
Sabe que es blanco fácil para el calabozo por origen, no más. Ni idea tiene de que si la Cámara de Diputados firma alegremente lo que el Senado aprobó en noviembre del año pasado, el calabozo será legalizado y sin hendijas para el pataleo.
Tampoco sabe -porque nadie habla con él, porque no lo tienen en cuenta, porque los legisladores no saben cómo nació, cómo sobrevive, cómo es su no familia ni lo que se mete en los pulmones cuando siente que no se anima a nada- que se lo demoniza en la tele, que se lo condena en las fortalezas detrás de las rejas que los ciudadanos se construyen para defenderse de él. No sabe que están esperando desde hace meses un crimen resonante para colar la ley en Diputados, en medio de la verborragia histérica de estos tiempos, y ganar el aplauso porque se está haciendo la patria firme y justa del bicentenario. A costa de aquellos a los que se abandonó y se condenó desde el vientre, a costa de todos aquellos a quienes se suprime sistemáticamente porque la patria del bicentenario será para pocos y elegidos.
La abstracta opinión pública, sin rostro pero con fuerte palabra, la cadena mediática de reproducción de sangre y la burda política que responde a los estímulos ocasionales pero también a su convicción filosófica, esperan. Hay tanto niño criminal que la compulsión que apretó al Senado fue la balacera contra el ex futbolista Fernando Cáceres. Cinco meses después, sin embargo, Diputados todavía espera la próxima noticia estridente de pólvora que se le endilgue a un pibe para poner el grito en el cielo y levantar las manos con pretensiones de unanimidad. Y que finalmente se baje la edad de imputabilidad a 14 años y el alarido social aplaque los decibeles y la televisión se regocije y ya nadie deba tener miedo de que la pequeña negritud baje de las villas en bandadas a quedarse con los bienes y los males de los elegidos para este lado del mundo. En 2010, la Argentina de las contradicciones bicentenarias pondrá en marcha el límite para el trabajo infantil en los 16 años. Pero se los podrá juzgar y encerrar a los 14. El mismo Estado que invisibiliza a seis millones y medio de chicos menores de 18 años sumidos en la pobreza -la mitad de ellos indigentes-, el mismo que dejó sin atención médica mínima al 47% de ellos, el mismo que permite con su ausencia la muerte de 25 diariamente por causas emparentadas con el hambre, el mismo que les quebró la familia, el que los hacina de a ocho en cuartos miserables, ese mismo se rasga las vestiduras ante el pibe que roba, que ataca, que transgrede como forma de supervivencia. Con las drogas en una invasión sin freno en los sectores más populares, como un puñal disciplinador que deshinibe para la muerte o mata por propia eficiencia. Todo huele a una oscura política de dilusión y barrido de residuos.
Durante el siglo de existencia de la Ley de Patronato se encerraba a los pibes en terribles ensayos de cárceles: el 90 por ciento estaban presos por pobres. Ese 90 por ciento quedó, en la provincia de Buenos Aires, a la buena de dios -es decir, de las organizaciones sociales a las que el Estado les paga las becas cuando el dinero logra esquivar las prioridades represivas o la férrea estructura de corrupción que todo lo resiste- y sólo se discute qué hacer con el pibe de 14 que comete un delito grave. No hay espacio ni políticas ni ojos ni reparo ni sopa caliente para el resto. Hasta que el horror los convierta en primera plana. Y siga dando vueltas con dramática eficiencia el engranaje que decide quiénes recibirán al futuro con palmas en una vereda soleada y quiénes, como él, que se abraza las rodillas en el cordón de una vereda del conurbano, lo verán pasar desde los ventanucos invisibles de un exilio de paco y estigma.
Fuentes de datos:
Diario Página 12, Infobae, UNICEF, Save de Children
y Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh
Petróleo público: de eso no se habla
11/05/10
Por Oscar Taffetani
(APe).- El 80% de los albatros de ceja negra que quedan en el mundo están en Malvinas. En tiempos hispánicos los llamaban “ojerosos”. El petrel Zambullidor también es fauna típica de las islas. Le dicen así porque es capaz de cortar las olas o de pasar por debajo de un buque y seguir volando. Pingüinos, los hay de todas clases. Hasta puede verse en Malvinas el pingüino real, una variedad casi extinguida. Darwin anotó en su diario que había visto un lobo-zorro por allí (circa 1834); dos décadas después, ya no quedaban lobos-zorros. Leones marinos, tigres marinos, elefantes marinos y lobos marinos de dos pelos sobreviven muy a duras penas. Hoy no los matan a palos, pero les hacen la vida bastante difícil. Ballenas francas (australes) sí hay unas cuantas. Pero la jorobada, la nudosa de aleta larga, la enana, la boba, la boreal, la rorcual de Rudolphi, son rarezas de catálogo. Malvinas es todavía un santuario de la vida natural, alterado de vez en cuando por alguna guerra. O bien por la insaciable codicia de los seres humanos.
En el lecho del Atlántico sur, alternándose con nódulos y meteoritos caídos en millones de años, hay una herrumbre y una chatarra más reciente, producto de los últimos siglos de vida en el planeta. Y debajo de los barcos hundidos y las osamentas, a dos mil o tres mil metros de profundidad, están los restos de las criaturas del Jurásico, ya convertidos en petróleo.
La semana pasada, la empresa Rockhopper –segunda de las cuatro que tienen permiso británico para explorar este año- anunció que encontró un yacimiento que podría entregar 200 millones de barriles de crudo de buena calidad, lo que a precio internacional representaría unos 25 mil millones de dólares. Rockhopper ha ofrecido pagar a los 3.000 habitantes de las islas el 26% de sus utilidades, más un 9% del precio de cada barril vendido.
Rápidamente, la Cancillería argentina denunció la maniobra y redactó una nota en la que “rechaza de la manera más enérgica el intento de apoderarse ilegalmente de recursos naturales no renovables propiedad del pueblo argentino".
Paradojas de un siglo
El 16 de febrero de 1916, el pueblo de Comodoro Rivadavia envió al diputado nacional Tomás de Veyga una nota de apoyo al primer proyecto de reglamentación de la explotación petrolífera en suelo argentino, que permitiría al Estado Nacional disponer para su desarrollo de una prometedora masa de recursos provenientes de las riquezas del subsuelo.
“Tres ideas fundamentales encierra mi proyecto –escribió Leyva-: la explotación directa, por el Estado, de todo el petróleo existente en la zona de reserva fiscal.; el aporte de todo el capital necesario con dinero levantado entro de las fronteras; y el reparto de todas las utilidades entre los habitantes del suelo argentino”.
Aquella ley, que terminó de tomar forma gracias al impulso de Enrique Mosconi, echó a andar Y.P.F., la mayor empresa estatal de hidrocarburos del continente americano, al comenzar el siglo XX. En su peor momento (luego del vaciamiento y endeudamiento al que la sometió la dictadura de 1976-1983) la empresa nacional de hidrocarburos facturaba alrededor de cinco mil millones de dólares anuales, generando decenas de miles de puestos de trabajo y dinamizando las economías locales y regionales.
Después, llegó el crimen de lesa patria (y de lesa humanidad argentina) que fue la liquidación de Y.P.F. y la entrega a precio vil de yacimientos en plena producción y áreas petroleras con reservas comprobadas. Aquel crimen tuvo autores y cómplices, beneficiarios directos e indirectos, tanto en el partido de gobierno como en la mayoría de los partidos de la oposición.
Si una triste paradoja hubiera que marcar, a cien años de aquella esperanzada nota de los vecinos de Comodoro Rivadavia, sería el hecho de que el Estado nacional adjudicó en 2007, por 40 años, el yacimiento Cerro Dragón, en las provincias de Chubut y Santa Cruz, al consorcio Pan American Energy, del que es accionista mayoritario… British Petroleum.
Rockhopper pactó pagar a los kelpers malvineros un 26 % de las utilidades y 9% del precio de cada barril vendido, por explotar el yacimiento localizado esta semana en el mar continental argentino, pocas millas al norte de Malvinas. Pero en territorio continental, la Pan American Energy (es decir, British Petroleum) paga al Estado argentino, por la explotación de Cerro Dragón, sólo un 12%, en concepto de regalías. Otra rara paradoja de esta época es que resulta más ventajoso, para una empresa británica, trabajar “sometida” a las leyes argentinas que hacerlo acatando las leyes de la Corona.
En el país privatizado
La empresa “de bandera”, en materia de energía e hidrocarburos argentinos, se llama Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima). Como su nombre lo indica, no se trata de una sociedad del Estado, sometida a las auditorías y controles públicos. Una parte de su paquete accionario está en manos de “representantes” de la nación y de las provincias. La otra parte, la tienen accionistas privados (se recordará el affaire de las valijas con dólares, hace algunos años, en el que estuvieron involucrados algunos de esos accionistas).
Entre los propósitos de Enarsa, leemos en su propia web, está “generar valor para los accionistas”. Ya no hablamos, ni retórica ni poéticamente, del pueblo argentino. Ahora, lo importante son los accionistas.
YPF-Repsol, emprendimiento que lleva la contradicción en su misma marca (puesto que si es fiscal, no puede ser privada) ha cedido un 10% de sus acciones al llamado Grupo Eskenazi, cercano al Gobierno, y está por ceder un 15% más, con lo que la participación “argentina” (así le dicen) llegaría a un cuarto del total.
Por su parte, el empresario del juego Cristóbal López, también cercano al Gobierno, acaba de concretar la compra de la refinería San Lorenzo, de 360 estaciones de servicio y de algunas concesiones petroleras que estaban en poder de Petrobras, por un monto de 110 millones de dólares. Ese sería otro avance “argentino” en la recuperación del patrimonio perdido.
Así las cosas, aunque estos nuevos emprendimientos privados se vistan de celeste y blanco y decidan esponsorear a equipos argentinos en algún mundial, lo cierto es que la propiedad fiscal (léase estatal) sobre las riquezas minerales del subsuelo de la patria siguen sin llegar a las manos de sus legítimos dueños.
Si un fundamento existe para la explotación de los recursos naturales de la tierra –permítasenos una última digresión- éste es ayudar a la mejor vida y desarrollo de la especie humana. En otras palabras: si los restos de un dinosaurio del Jurásico, hechos petróleo, sirven para alimentar a mil, a cien mil o a un millón de niños argentinos y latinoamericanos, el esfuerzo vale la pena. Pero si por obra de un capitalismo voraz y depredador eso no es posible, entonces preferimos que el petróleo siga durmiendo su siesta milenaria en las profundidades. Y que las gaviotas y pingüinos australes sigan fertilizando con su guano la tierra. Hasta que una vez, definitivamente, florezca.
La culpa
13/05/10
Por Claudia Rafael
(APe).- Apenas cinco o seis paquetes de yerba, unos ocho atados de cigarrillos o unos cuantos paquetes de fideos. Ese es el valor de una diminuta vida para la Justicia. Eso es lo que decidieron que se deberá pagar por cada uno de los escasos 1825 días que vivió Matías, un nene de apenas cinco años que murió el 11 de enero de 2001 aplastado por un tubo de oxígeno de 100 kilos en el Hospital de Ramos Mejía. Así votaron los camaristas Mabel De los Santos, Elisa Díaz de Vivar y Fernando Posse Saguier cuando determinaron que no correspondía pagar la indemnización de 450.000 pesos que había ordenado el tribunal de primera instancia. La madre –dijeron los camaristas- fue co-responsable de la muerte de su niño. Hay que pagar –insistieron- pero sólo 80.000 pesos. Como también podrían haber dicho 100.000, 178.000 ó apenas 50 pesos.
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