Parque industriales y la inseguridad
Por Lisandro Martínez
Como esas buenas noticias vigorizantes que nos hacen corear con Serrat “de vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla”, dos medios de información, Perspectiva Sur y Quilmes a Diario, produjeron periodismo de investigación con mayúscula, señalando que en el Parque Industrial de Quilmes (PIQ) - Camino Gral. Belgrano Km. 10500- en el galpón del Presidente de la Unión Industrial de Quilmes, se encontraron no se sabe si la mitad o la totalidad de las 96 motos 0 Km. robadas de la fábrica Honda en Varela. Estos medios denuncian que en el PIQ reina la inseguridad y es zona liberada donde no se sabe a que se dedican los “empresarios”.
El municipio está obligado a ser –como en todos los otros Parques Industriales de PBA- parte de la Comisión Directiva (CD), pero actúa como el barra brava que respeta códigos haciendo suyo el “cada cual cuida su negocio”. Así sucede con el Subsecretario de Industria de Quilmes, Guillermo Gardella, de quien dependen Habilitaciones e Inspecciones, quien además es propietario de la firma Gardella Hnos. que cuenta con un galpón que se sospecha nunca fue inspeccionado.
Estos dos valientes medios de comunicación, desde ya amenazados de muerte por la mafia, también sacaron a la luz que en galpones del PIQ se deposita material contaminante: Nextel almacena baterías en desuso y partes de celulares, existen 3 chatarrerías, 3 logísticas y 1 aseguradora que deposita vehículos, todas actividades prohibidas que se vienen desarrollando desde la inauguración en los 90’ esperando que se produzca una tragedia.
Por el escándalo la CD del PIQ renunció y se va a nombrar una nueva, por lo que es necesario se abran los libros de la Municipalidad de Quilmes y de la Unión Industrial de Quilmes propietaria del predio, para iniciar una investigación independiente a cargo de las organizaciones de lucha del distrito y contra la contaminación.
Como la inseguridad brindada desde el Estado es manifiesta en por lo menos toda la zona sur del GBA y en todos los órdenes de la vida, incluidos los estadios de fútbol, no está de más revisar cada detalle de lo sucedido en otros lugares para alumbrar lo que sucede en nuestra propia cuadra.
En Varela asaltan una fábrica y cargan motos en ¡4 camiones! con seguimiento satelital. A pesar que se hace inmediatamente la denuncia no se logra dar con los camiones ni con la carga, no obstante desde la Secretaria de Gobierno de Varela anuncian con bombos y platillos que tienen 33 cuadrículas cubiertas con móviles policiales dispuestos en el distrito para brindar seguridad. Además 7 nuevas unidades - una para cada comisaría- y otras 4 para los accesos al distrito.
Quien quisiera resolver el caso pondría a la jefatura de las 33 cuadrillas bajo el reflector para interrogarlos: ¿Dónde estaban el día del asalto?, ¿Quién ordenó liberar la zona?, ¿Y las docenas de cámaras de seguridad implantadas en Varela a un costo de u$s 10 mil cada una no registraron nada? Las cuadrículas, las camaritas, los patrulleros, pueden resultar una estrategia excelente pero no en manos de quienes actúan contra de los intereses públicos.
Ya es clásico que cuando se produce un atraco no funcionen las cámaras de seguridad -parece que es a pedido de los chorros- (Honda de Varela y en ¡el BAPRO! de Gral. Las Heras donde se llevaron $ 700.000), o que la autoridad policial borre las cintas como en la balacera en Estudiantes vs. Nacional de Montevideo (25/6/09 ver Salvemos al Futbol).
Como todo este tipo de “piratería es a pedido” (Crítica 15/2/10) sería instructivo que se individualice al grupo o sujeto que encargó el robo en Honda, allí nos desayunaríamos de las implicancias empresariales y políticas del delito en PBA con nombres y apellidos.
Sobre los Parques Industriales se viene señalando que, con la venia de las intendencias, son un paraíso del trabajo en negro y reproductores de accidentes laborales al por mayor. Esto ha quedado confirmado ya que en el PIQ se decidió, luego de “los excesos”, la instalación de una delegación del Ministerio de Trabajo de Quilmes y de la CGT.
En estos Parques la contaminación ambiental hace estragos y los inspectores van una vez al mes a levantar sobres, no actas. Pero ahora ha surgido, con la denuncia de los medios, que también son aguantaderos del delito y alquilados como depósito de material contaminante y peligroso para la salud de obreros y vecinos del lugar.
En los terrenos de Acuba (otro Parque industrial en Lanús Oeste) camiones del municipio depositan sus cargas de barros contaminados, bajo la atenta mirada de la ACUMAR (Autoridad Cuenca Matanza/Riachuelo) que tiene allí un centro de operaciones destinado, aunque parezca joda, “a descontaminar la zona”.
Para entender la dimensión del desastre organizado por los capitalistas y sus gobiernos hemos asistido en enero, en Lanús, al incendio de la “quimitrucha” Martinez de Valentín Alsina donde se almacenaban 13 productos tóxicos destinados a patronales curtiembreras de la zona. Los tóxicos tiene tal potencia que “a una semana del siniestro (en la vivienda de Guadalupe 2380) el ácido brotaba por los pisos” (La Defensa 3/2/10).
De esta actitud delictiva, por no decir criminal, no es ajeno el ejecutivo municipal que permite descargar camiones con barros contaminados provenientes de la desobstrucción de los desagües, en el propio suelo del Corralón municipal donde trabajan cientos de obreros y ha castigado con el traslado a uno de ellos que se atrevió a denunciar el delito (La Defensa 6/1/10). Otro foco contaminante creado bajo el auspicio del PE municipal está en el predio de Fabricaciones Militares en Villa Jardín, que se ha convertido en un basural donde se descarga, vía camiones municipales, basura y luego se la quema produciendo el poder político un doble delito ambiental: descarga y quema de basura, sin que el Deliberante crea que ese asunto es suyo.
Hace años desde esta columna venimos reclamando que los Consejos Deliberantes voten una ordenanza que imponga la elección de Comisiones de obreros y vecinos para Seguridad, Higiene y Medio Ambiente que, con poder de policía e inspecciones, impidan desde adentro de las fábricas, de las empresas y desde los barrios la contaminación ambiental y la proliferación de delitos que operan amparados bajo la fachada de Parques Industriales.
Por Lisandro Martínez
Como esas buenas noticias vigorizantes que nos hacen corear con Serrat “de vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla”, dos medios de información, Perspectiva Sur y Quilmes a Diario, produjeron periodismo de investigación con mayúscula, señalando que en el Parque Industrial de Quilmes (PIQ) - Camino Gral. Belgrano Km. 10500- en el galpón del Presidente de la Unión Industrial de Quilmes, se encontraron no se sabe si la mitad o la totalidad de las 96 motos 0 Km. robadas de la fábrica Honda en Varela. Estos medios denuncian que en el PIQ reina la inseguridad y es zona liberada donde no se sabe a que se dedican los “empresarios”.
El municipio está obligado a ser –como en todos los otros Parques Industriales de PBA- parte de la Comisión Directiva (CD), pero actúa como el barra brava que respeta códigos haciendo suyo el “cada cual cuida su negocio”. Así sucede con el Subsecretario de Industria de Quilmes, Guillermo Gardella, de quien dependen Habilitaciones e Inspecciones, quien además es propietario de la firma Gardella Hnos. que cuenta con un galpón que se sospecha nunca fue inspeccionado.
Estos dos valientes medios de comunicación, desde ya amenazados de muerte por la mafia, también sacaron a la luz que en galpones del PIQ se deposita material contaminante: Nextel almacena baterías en desuso y partes de celulares, existen 3 chatarrerías, 3 logísticas y 1 aseguradora que deposita vehículos, todas actividades prohibidas que se vienen desarrollando desde la inauguración en los 90’ esperando que se produzca una tragedia.
Por el escándalo la CD del PIQ renunció y se va a nombrar una nueva, por lo que es necesario se abran los libros de la Municipalidad de Quilmes y de la Unión Industrial de Quilmes propietaria del predio, para iniciar una investigación independiente a cargo de las organizaciones de lucha del distrito y contra la contaminación.
Como la inseguridad brindada desde el Estado es manifiesta en por lo menos toda la zona sur del GBA y en todos los órdenes de la vida, incluidos los estadios de fútbol, no está de más revisar cada detalle de lo sucedido en otros lugares para alumbrar lo que sucede en nuestra propia cuadra.
En Varela asaltan una fábrica y cargan motos en ¡4 camiones! con seguimiento satelital. A pesar que se hace inmediatamente la denuncia no se logra dar con los camiones ni con la carga, no obstante desde la Secretaria de Gobierno de Varela anuncian con bombos y platillos que tienen 33 cuadrículas cubiertas con móviles policiales dispuestos en el distrito para brindar seguridad. Además 7 nuevas unidades - una para cada comisaría- y otras 4 para los accesos al distrito.
Quien quisiera resolver el caso pondría a la jefatura de las 33 cuadrillas bajo el reflector para interrogarlos: ¿Dónde estaban el día del asalto?, ¿Quién ordenó liberar la zona?, ¿Y las docenas de cámaras de seguridad implantadas en Varela a un costo de u$s 10 mil cada una no registraron nada? Las cuadrículas, las camaritas, los patrulleros, pueden resultar una estrategia excelente pero no en manos de quienes actúan contra de los intereses públicos.
Ya es clásico que cuando se produce un atraco no funcionen las cámaras de seguridad -parece que es a pedido de los chorros- (Honda de Varela y en ¡el BAPRO! de Gral. Las Heras donde se llevaron $ 700.000), o que la autoridad policial borre las cintas como en la balacera en Estudiantes vs. Nacional de Montevideo (25/6/09 ver Salvemos al Futbol).
Como todo este tipo de “piratería es a pedido” (Crítica 15/2/10) sería instructivo que se individualice al grupo o sujeto que encargó el robo en Honda, allí nos desayunaríamos de las implicancias empresariales y políticas del delito en PBA con nombres y apellidos.
Sobre los Parques Industriales se viene señalando que, con la venia de las intendencias, son un paraíso del trabajo en negro y reproductores de accidentes laborales al por mayor. Esto ha quedado confirmado ya que en el PIQ se decidió, luego de “los excesos”, la instalación de una delegación del Ministerio de Trabajo de Quilmes y de la CGT.
En estos Parques la contaminación ambiental hace estragos y los inspectores van una vez al mes a levantar sobres, no actas. Pero ahora ha surgido, con la denuncia de los medios, que también son aguantaderos del delito y alquilados como depósito de material contaminante y peligroso para la salud de obreros y vecinos del lugar.
En los terrenos de Acuba (otro Parque industrial en Lanús Oeste) camiones del municipio depositan sus cargas de barros contaminados, bajo la atenta mirada de la ACUMAR (Autoridad Cuenca Matanza/Riachuelo) que tiene allí un centro de operaciones destinado, aunque parezca joda, “a descontaminar la zona”.
Para entender la dimensión del desastre organizado por los capitalistas y sus gobiernos hemos asistido en enero, en Lanús, al incendio de la “quimitrucha” Martinez de Valentín Alsina donde se almacenaban 13 productos tóxicos destinados a patronales curtiembreras de la zona. Los tóxicos tiene tal potencia que “a una semana del siniestro (en la vivienda de Guadalupe 2380) el ácido brotaba por los pisos” (La Defensa 3/2/10).
De esta actitud delictiva, por no decir criminal, no es ajeno el ejecutivo municipal que permite descargar camiones con barros contaminados provenientes de la desobstrucción de los desagües, en el propio suelo del Corralón municipal donde trabajan cientos de obreros y ha castigado con el traslado a uno de ellos que se atrevió a denunciar el delito (La Defensa 6/1/10). Otro foco contaminante creado bajo el auspicio del PE municipal está en el predio de Fabricaciones Militares en Villa Jardín, que se ha convertido en un basural donde se descarga, vía camiones municipales, basura y luego se la quema produciendo el poder político un doble delito ambiental: descarga y quema de basura, sin que el Deliberante crea que ese asunto es suyo.
Hace años desde esta columna venimos reclamando que los Consejos Deliberantes voten una ordenanza que imponga la elección de Comisiones de obreros y vecinos para Seguridad, Higiene y Medio Ambiente que, con poder de policía e inspecciones, impidan desde adentro de las fábricas, de las empresas y desde los barrios la contaminación ambiental y la proliferación de delitos que operan amparados bajo la fachada de Parques Industriales.
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