COMUNICADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS

COMUNICADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS 

Ante la gravedad de los hechos que se han conocido en las últimas horas, que involucran al Juez Federal Julián Ercolini, al Juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, al Juez de la Cámara Federal de Casación Carlos Mahiques, al Juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials, al Procurador de la ciudad de Buenos Aires Juan Bautista Mahiques, al Ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires Marcelo D’Alessandro , a los directivos del grupo Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey y a Tomás Reinke, asesor de comunicación, y Leo Bergot, ex funcionario de inteligencia, la Universidad Nacional de Lanús expresa su más firme condena. A la reunión celebrada en los terrenos ocupados por el empresario inglés Joe Lewis, que de por sí es ya motivo de repudio, se suman las conversaciones mantenidas entre los nombrados, escritas y grabadas en audios, en las cuales se ponen en marcha diversas conductas ilícitas, entre las que se pueden mencionar las de otorgamiento y recepción de dádivas, violación de los deberes de funcionario público, encubrimiento, amenazas agravadas y hasta la mención de un posible futuro homicidio. 

 

 Esta connivencia entre magistrados, funcionarios públicos, empresarios, medios de comunicación y agentes de inteligencia atenta contra la institucionalidad democrática y pone en evidencia que las denuncias tantas veces efectuadas acerca de la utilización del Poder Judicial para la persecución política, potenciada por las campañas llevadas adelante por los medios de comunicación hegemónicos, adquieren realidad palpable y exigen, en consecuencia, la revisión de los procedimientos en los que los involucrados tuvieron actuación. 

La salud de la República, tantas veces pregonada, requiere de todos los actores de la escena pública una actuación sujeta a las más estrictas reglas éticas. No existe la independencia del Poder Judicial cuando sus magistrados actúan en común acuerdo con quienes representan los poderes fácticos. Por ello se hace imprescindible que los magistrados involucrados sean inmediatamente suspendidos en sus funciones, mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes; que los funcionarios públicos sean apartados de sus cargos y que se actúe con el mayor rigor contra quienes pervierten la misma esencia del sistema democrático. 

Remedios de Escalada, 5 de diciembre de 2022.

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