Isadora Fiesta, se refirió a la resolución del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia que resolvió unilateralmente reducir la cantidad de beneficiarios se inscribe en la política de ajuste hacia los más necesitados. “Se compromete el pago de deuda sin investigar lo suficiente sus orígenes, comprometiendo gobiernos posteriores a esta gestión, y prácticamente al unísono se reduce el número de alumnos que tendrán acceso a ese plato de comida tan necesario.”
“Esta no es la primera vez que se muestra la falta de compromiso, en parte demostrada por la errónea asignación de prioridades presupuestarias ante un tema tan sensible como la comida de los niños en edad escolar”, argumento Pablo Arburúa. Además agregó que “los proveedores de los comedores vienen arrastrando deudas año tras año por lo que siempre es inestable la continuidad del servicio. Hasta el mes de mayo pasado destinaban $4.90 por alumno, suma que es, claramente, insuficiente para el desarrollo con salud de los chicos que reciben este almuerzo”.
Si bien hubo un aumento del valor asignado actualmente por beneficiario, al venir acompañado por la reducción del cupo cada niño recibe una nutrición deficiente que siempre estará en inferioridad de condiciones pues no alcanzará un desarrollo pleno. Es necesario que los gobiernos, tanto provincial como nacional y municipal, se hagan cargo de la toma de decisiones tan inequitativas como esta.
Isadora Fiesta, remarcó que “se han detectado situaciones diversas, sobre como los docentes y autoridades escolares ante la insuficiente provisión, se ven obligados a distribuir el cupo entre los alumnos cuando la realidad indica que la comida es de por sí insuficiente para un solo alumno. Otra medida para racionar el cupo que no alcanza para todos es seleccionar a aquellos que concurrirán al comedor, dejando fuera a muchos que también tienen derecho.”
Por último, es de destacar que la situación alimentaria no es el único problema que afronta la comunidad educativa: La infraestructura de las instituciones padece deficiencias para las que no ha habido respuesta de ningún estamento del Estado: rajaduras, ausencia de mantenimiento de la pintura, cañerías en mal estado, filtraciones y goteras, falta de ventilación y calefacción, entre otros.
Es por ello que ambos referentes reclaman a las autoridades gubernamentales (provinciales y municipales) responsables de esta situación descripta, “resuelvan los ‘problemas’ con los proveedores y no hagan que sean los niños quienes deban pagar esa deuda”.
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