¿Brinda seguridad jurídica a los laburantes un régimen negrero de explotación?Por Lisandro Martinez
Desde que en 1983 la democracia se convirtió en garante de los actos y pactos de la dictadura, la clase social que lucró con el genocidio hizo de ella su propio régimen político. Hace cuatro décadas que la seguridad jurídica se trafica honrando a los usureros, tomando en todo tiempo y lugar decisiones punitivas contra los que viven de su trabajo. Para oficialistas y opositores la vida de trabajadores y vecinos importa si se trata de cobrar impuestos, embaucar con obras sobrefacturadas o desvalijar el ANSES. Pero en la encrucijada, el poder político elige decididamente la agachada entreguista al bienestar popular. Un ejemplo: en Noviembre 2009 el parlamento votó suspender por un año la ley 26.017 (cerrojo), que prohibía hacerle otra oferta al Club de París. Con la cuchillada trapera de kirchneristas y oposición, en 5 minutos se incrementó la deuda externa en otros u$s 7.000 millones.
Por todo esto no es extraño que en zona sur del GBA hayan surgido otros casos testigos de la inseguridad del régimen negrero, que viola leyes y no hace cumplir normas de protección laboral. Cuidar a las personas y los bienes de los que trabajan no está en la preocupación de los Consejos Deliberantes ni de los Intendentes de la PBA.
Hace 4 semanas atrás se incendió en Lanús, Liniers 2483/87, un depósito de productos químicos para las curtiembres, almacenados (dicen) en forma ilegal, cuyos responsables son Omar y Mario Martínez.
Una línea de investigación -elemental-, es saber si los Martinez vuelan solos.
¿Ya se sabe qué curtiembres están relacionadas comercialmente con semejante emprendimiento?
¿Y el Consejo Deliberante ya revisó el libro de inspección municipal del depósito para saber cuando se controló por última vez para evitar la truchada y la ilegalidad?
Para retratar la corrupción generalizada, por FM 87.9 el subsecretario de Gestión Ambiental (GA) reconoció que “la inspección pasó varias veces sin novedad” por la “quími trucha”. Si esto fuera teatro del absurdo las carcajadas se oirían en otro planeta.
¿Y el Ministerio de Trabajo que no inspeccionó nunca las peligrosas condiciones en las que se trabajaba? Si hubiera en el Deliberante un solo Tribuno Popular ya sabríamos cual es la lista de responsables.
El abandono de personas por parte del régimen negrero de conjunto sorprende al más pintado. Tuvieron que pasar tres días del colosal incendio para que Díaz Pérez decidiera aplicar su “humer noir” clausurando la “quími trucha” por anomalías “que ya fueran denunciadas décadas atrás por los vecinos” como confesó el funcionario de Gestión Ambiental.
Ahora que la Química ya no existe físicamente, la Secretaria de GA desempolvando un guión de Groucho Marx, Resol. 0011, dio de baja (provisoriamente) a la habilitación municipal. ¿No es todo esto un retrato que desnuda al decadente régimen político?
La pasividad del Consejo Deliberante frente al Grand Guignol, revela que en el recinto del honorable sucede lo que en el monitoreo de alguien en estado vegetativo, no se registran signos vitales.
El virtual Cromagnon armado por el régimen patronal que se palpita a diario en Lanús, registra mil casos. Este es uno: un vecino de la fábrica de tornillos pasantes “TEC”, -añares denunciada por ventilar ácidos y arrojarlos a los pluviales-, señaló que los ácidos volatilizados caen en casas de los alrededores y en bebederos de animales que luego mueren; al preguntarle por FM 87.9 por qué no se inhabilita ya que la justicia los considera contaminates, señaló que los dueños son familiares de un alto funcionario municipal.
La orgía de inseguridad viaja por el GBA, de los miles de inscriptos en las cooperativas de “Argentina Trabaja” ingresó sólo un puñado, a quienes les imponen trabajos riesgosos para sus vidas. Sin capacitación, sin herramientas, sin ropa, sin medidas de seguridad, sin cobertura médica y con chatas de traslados destartaladas sin VTV, todo preanuncia una tragedia, mientras los estudios jurídicos se preparan.
En Avellaneda, los Argentina Trabaja son obligados a ocupar puestos de municipales efectivos (en Obras Públicas, Tránsito, Jardines de infantes, Hospital de Wilde como telefonistas, Secretaría de Hacienda como administrativos, etc.) Esto apunta a abaratar y precarizar todo el trabajo del estado municipal en el distrito, liquidando la organización colectiva.
Si por esto los municipales aún no han llamado a una asamblea para ponerle limites, ahora sucedió un nuevo accidente laboral grave. Un trabajador de Argentina Trabaja fue herido por el mal uso de una motosierra -cuyo manejo necesita capacitación-, lesionándole una pierna con un corte profundo que le afectó la masa muscular y significó 30 puntos de sutura. La atención sanitaria -no hay ART- fue derivada a un hospital, donde faltan insumos y personal. Los punteros de la cuadrilla le informaron al accidentado que “por ahora” le mantienen el salario pero no hay obra social que garantice el tratamiento.
¿Este es el formidable Plan de “Argentina Trabaja” que CFK presentó como “lanzado para que la gente tenga trabajo y que se organice junto a otros en cooperativas que permitan llevar adelante obras transformadoras y ganarse un sustento”?
¿Quién se hace cargo del futuro laboral del compañero con las secuelas que deja un accidente así?
Hay una responsabilidad indudable que va del Poder Ejecutivo Nacional y la intendencia de Avellaneda al Consejo Deliberante, porque esta situación era largamente conocida por todo el régimen político, incluso también por el gremio.
En Avellaneda en Espacios Verdes en 2007 murió asfixiado el obrero Luis Pons quien pagó con su vida la inseguridad laboral. Los K (Comisión directiva del Sindicato Municipal) hicieron campaña electoral con la consigna “Cacho Álvarez Asesino”. Desde ese momento los compañeros de Pons vienen denunciando en todos los ámbitos, sindicales, judiciales y políticos y no ha habido respuestas ni responsables.
Para terminar con la contaminación industrial y condiciones laborales peligrosas el costo para el presupuesto municipal es cero. Hay que votar una ordenanza que autorice que asambleas de fábricas, empresas, escuelas y barrios elijan Comisiones Obreras y vecinales de higiene, seguridad y control ambiental.
Esto seguro afectará a los capitalistas de cada rubro que se enriquecen poniendo en riesgo la vida obrera pero la civilización dará un paso al frente.
lisandromartinez47@yahoo.com.ar
Por todo esto no es extraño que en zona sur del GBA hayan surgido otros casos testigos de la inseguridad del régimen negrero, que viola leyes y no hace cumplir normas de protección laboral. Cuidar a las personas y los bienes de los que trabajan no está en la preocupación de los Consejos Deliberantes ni de los Intendentes de la PBA.
Hace 4 semanas atrás se incendió en Lanús, Liniers 2483/87, un depósito de productos químicos para las curtiembres, almacenados (dicen) en forma ilegal, cuyos responsables son Omar y Mario Martínez.
Una línea de investigación -elemental-, es saber si los Martinez vuelan solos.
¿Ya se sabe qué curtiembres están relacionadas comercialmente con semejante emprendimiento?
¿Y el Consejo Deliberante ya revisó el libro de inspección municipal del depósito para saber cuando se controló por última vez para evitar la truchada y la ilegalidad?
Para retratar la corrupción generalizada, por FM 87.9 el subsecretario de Gestión Ambiental (GA) reconoció que “la inspección pasó varias veces sin novedad” por la “quími trucha”. Si esto fuera teatro del absurdo las carcajadas se oirían en otro planeta.
¿Y el Ministerio de Trabajo que no inspeccionó nunca las peligrosas condiciones en las que se trabajaba? Si hubiera en el Deliberante un solo Tribuno Popular ya sabríamos cual es la lista de responsables.
El abandono de personas por parte del régimen negrero de conjunto sorprende al más pintado. Tuvieron que pasar tres días del colosal incendio para que Díaz Pérez decidiera aplicar su “humer noir” clausurando la “quími trucha” por anomalías “que ya fueran denunciadas décadas atrás por los vecinos” como confesó el funcionario de Gestión Ambiental.
Ahora que la Química ya no existe físicamente, la Secretaria de GA desempolvando un guión de Groucho Marx, Resol. 0011, dio de baja (provisoriamente) a la habilitación municipal. ¿No es todo esto un retrato que desnuda al decadente régimen político?
La pasividad del Consejo Deliberante frente al Grand Guignol, revela que en el recinto del honorable sucede lo que en el monitoreo de alguien en estado vegetativo, no se registran signos vitales.
El virtual Cromagnon armado por el régimen patronal que se palpita a diario en Lanús, registra mil casos. Este es uno: un vecino de la fábrica de tornillos pasantes “TEC”, -añares denunciada por ventilar ácidos y arrojarlos a los pluviales-, señaló que los ácidos volatilizados caen en casas de los alrededores y en bebederos de animales que luego mueren; al preguntarle por FM 87.9 por qué no se inhabilita ya que la justicia los considera contaminates, señaló que los dueños son familiares de un alto funcionario municipal.
La orgía de inseguridad viaja por el GBA, de los miles de inscriptos en las cooperativas de “Argentina Trabaja” ingresó sólo un puñado, a quienes les imponen trabajos riesgosos para sus vidas. Sin capacitación, sin herramientas, sin ropa, sin medidas de seguridad, sin cobertura médica y con chatas de traslados destartaladas sin VTV, todo preanuncia una tragedia, mientras los estudios jurídicos se preparan.
En Avellaneda, los Argentina Trabaja son obligados a ocupar puestos de municipales efectivos (en Obras Públicas, Tránsito, Jardines de infantes, Hospital de Wilde como telefonistas, Secretaría de Hacienda como administrativos, etc.) Esto apunta a abaratar y precarizar todo el trabajo del estado municipal en el distrito, liquidando la organización colectiva.
Si por esto los municipales aún no han llamado a una asamblea para ponerle limites, ahora sucedió un nuevo accidente laboral grave. Un trabajador de Argentina Trabaja fue herido por el mal uso de una motosierra -cuyo manejo necesita capacitación-, lesionándole una pierna con un corte profundo que le afectó la masa muscular y significó 30 puntos de sutura. La atención sanitaria -no hay ART- fue derivada a un hospital, donde faltan insumos y personal. Los punteros de la cuadrilla le informaron al accidentado que “por ahora” le mantienen el salario pero no hay obra social que garantice el tratamiento.
¿Este es el formidable Plan de “Argentina Trabaja” que CFK presentó como “lanzado para que la gente tenga trabajo y que se organice junto a otros en cooperativas que permitan llevar adelante obras transformadoras y ganarse un sustento”?
¿Quién se hace cargo del futuro laboral del compañero con las secuelas que deja un accidente así?
Hay una responsabilidad indudable que va del Poder Ejecutivo Nacional y la intendencia de Avellaneda al Consejo Deliberante, porque esta situación era largamente conocida por todo el régimen político, incluso también por el gremio.
En Avellaneda en Espacios Verdes en 2007 murió asfixiado el obrero Luis Pons quien pagó con su vida la inseguridad laboral. Los K (Comisión directiva del Sindicato Municipal) hicieron campaña electoral con la consigna “Cacho Álvarez Asesino”. Desde ese momento los compañeros de Pons vienen denunciando en todos los ámbitos, sindicales, judiciales y políticos y no ha habido respuestas ni responsables.
Para terminar con la contaminación industrial y condiciones laborales peligrosas el costo para el presupuesto municipal es cero. Hay que votar una ordenanza que autorice que asambleas de fábricas, empresas, escuelas y barrios elijan Comisiones Obreras y vecinales de higiene, seguridad y control ambiental.
Esto seguro afectará a los capitalistas de cada rubro que se enriquecen poniendo en riesgo la vida obrera pero la civilización dará un paso al frente.
lisandromartinez47@yahoo.com.ar
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